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Colombia
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El presente artículo tiene el propósito de revisar la construcción del concepto de Estado social y democrático de derecho en Colombia; concepto sobre el que es necesario elaborar un análisis que lo comprenda como categoría jurídica y como categoría política del constitucionalismo, es por ello que se partirá desde la intervención estatal que se produce en pro de las garantías de derechos fundamentales, puesto que este resulta ser un elemento imprescindible dentro de este modelo estatal. De igual mamera, se hará especial énfasis en el caso jurídico colombiano, pues dentro de este, el concepto de Estado social y democrático trajo consigo un fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico frente al funcionamiento de cada una de las ramas del poder público, las cuales consolidan sus funciones al generar protección social como consecuencia efectiva del mandato de la Constitución Política. Así, la rama judicial —en cabeza de la Corte Constitucional como guardián de la carta— crea las condiciones de interpretación que se traducen en la concreción de la norma superior; la rama ejecutiva entiende que debe intervenir para garantizar los derechos fundamentales; y el legislador —manifestación máxima de la democracia constitucional— debe motivar su libertad de configuración normativa en consonancia con la Constitución.
The purpose of this article is to review the construction of the concept of the social and democratic rule of law in Colombia; a concept on which it is necessary to elaborate an analysis that understands it as a legal category and as a political category of constitutionalism, which is why it will start from the state intervention that occurs in favor of the guarantees of fundamental rights, since this turns out to be an essential element within this state model. Similarly, special emphasis will be placed on the Colombian legal case, since within this, the concept of social and democratic State brought with it a phenomenon of constitutionalization of the legal system in the functioning of each of the branches of public power, which consolidate their functions by generating social protection as an effective consequence of the mandate of the Political Constitution. Thus, the judicial branch - headed by the Constitutional Court as guardian of the Charter - creates the conditions of interpretation that translate into the concretization of the superior norm; the executive branch understands that it must intervene to guarantee fundamental rights; and the legislator - the maximum manifestation of constitutional democracy - must motivate its freedom of normative configuration in accordance with the Constitution.
