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Una revalorización del Estado social y democrático, dispuesto a intervenir para afrontar las insuficiencias y desequilibrios del sistema educativo español tendría que bregar con los tres adversarios que obstaculizarían sus planes de intervención, entre los que se encuentran la iglesia, el modelo neoliberal aplicado a la educación y la deriva separatista que ensaya la derecha conservadora que se dice constitucionalista, dispuesta a utilizar sus competencias autonómicas en materia escolar para impedir -incluso utilizando procesos elusivos de fraude de ley- la aplicación de leyes orgánicas, como las LOMLOE, aprobadas por las Cortes Generales, depositarias de la soberanía nacional
