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Con el fin de continuar con el proceso de modernización a través del adelgazamiento del Estado mexicano y resolver sus necesidades financieras de más de un billón 637 mil millones de pesos para el año 2004, el gobierno de transición a la democracia mexicana realizó la nueva reforma fiscal y la desincorporación y venta de diversos activos del Estado. De ésta manera, para lograr el ahorro, la austeridad presupuestaria y la eficiencia de la administración pública, vía la racionalización del gasto estatal; el actual gobierno mexicano propuso en su Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2004, deshacerse del patrimonio que no considera necesario para que el Estado invierta en ellos.
