Acceso usuarios
Madrid, España
En el presente trabajo se realiza un análisis de conjunto de la normativa sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública aprobada en España en los últimos años, incidiendo sobre las cuestiones más problemáticas que plantea la existencia de diversas leyes sobre la materia. En particular, se aborda el estudio de la articulación jurídica entre la Ley 19/2013 y las leyes autonómicas de desarrollo aprobadas por las comunidades autónomas, así como de todas estas con otras normas que también regulan cuestiones relacionadas con el acceso a la información o sus límites.
El análisis se hace teniendo especialmente en cuenta la interpretación y aplicación que de las mismas vienen haciendo tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales de justicia ordinarios, y muy particularmente las autoridades de garantía de la transparencia, haciendo especial hincapié en las diicultades que se encuentran, sobre todo estas últimas, para garantizar la eicacia de sus resoluciones. En este sentido, se hacen concretas propuestas de lege ferenda para poder solucionar los problemas planteados que pasan, entre otras cuestiones, por el reconocimiento del acceso a la información pública como derecho fundamental y por la previsión de especíicas potestades de carácter coercitivo para las autoridades de transparencia.
This article analyzes the legislation on transparency and the right of access to public information in Spain and it deals with the most problematic issues in the ield. In particular, the article studies the relationship between Law 19/2013, the Autonomous Communities laws and other legislation dealing with the right of access to public information and its limits.
The analysis is carried out taking into account the case law of the Constitutional Court and the ordinary judicial power and, particularly, the ISSN: 2659-5710, págs. 43-90 45 leonor raMs raMos article considers the resolutions of the authorities in charge of guarantying transparency from the standpoint of the effectiveness of their decisions. In this line, the article launches proposals for the diagnosed problems, and it defends the need to recognize the right to access to public information as a fundamental right as well as to grant some coercive powers to the transparency authorities.
