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El pasado 28 de abril el Ministerio de Política Territorial y Función Pública lanzaba una consulta pública previa sobre su intención de tramitar un anteproyecto de ley de prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público. La iniciativa, ya proyectada en el IV Plan de Gobierno Abierto vigente, es digna de ser reconocida dado que se trata de una reivindicación que ha caído en saco roto una y otra vez desde hace décadas. No cabe duda de que se trata de un melón difícil de abrir por afectar directamente a las expectativas profesionales (y, por ello, también económicas) de los más de dos millones y medio de trabajadores del sector público en nuestro país.
