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La victoria electoral en algunos de los países andinos de proyectos políticos de izquierda transformadora, y de nuevos procesos constituyentes, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, ha despertado una reacción entusiasta en los observadores progresistas. El discurso o fraseología revolucionaria y las transformaciones impulsadas (nacionalización de los sectores productivos estratégicos, reformulación de la división en los tres poderes clásicos del Estado, creación de nuevas formas de participación ciudadana, la garantía efectiva de los derechos económicos y sociales, la reconstrucción de la Constitución económica incluido el concepto de propiedad privada, etc.), han puesto sobre la mesa un debate que parecía cerrado desde la derrota de la Unidad Popular del Presidente Allende, el de la “transición pacífica al socialismo” o hacia un Estado y un Derecho nuevo.
El nuevo constitucionalismo latinoamericano está suponiendo un proceso de construcción del llamado socialismo del siglo XXI, y de un nuevo Estado y Derecho, que ahora son puestos en cuestión. Entonces, ¿nos encontramos ante una auténtica revolución de la que está emergiendo una nueva forma de Estado y de Derecho no liberal?, o bien, ¿estamos ante una simple evolución, ampliación y especificación de los derechos liberales y de un constitucionalismo liberal de tercera generación?
