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María Victoria Torre Sustaeta
A la vista del anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal nos hallamos ante un cambio trascendental en el sistema judicial español, articulado hasta ahora a través de la tutela jurisdiccional. Con el objeto de descongestionar la vía judicial, en España se apuesta finalmente por imponer la fórmula extrajudicial en aras de procurar la garantía del derecho a justicia a través de la mediación. Una mediación que se implanta abandonando su naturaleza alternativa y voluntaria por «obligatoria». Pero ¿Es esto mediación? La obligatoriedad con la que se pretende implantar este cauce en determinadas materias constituyendo requisito de procedibilidad para, en su caso, ejercitar el que será —alternativo y— posterior derecho de acción obliga a plantearse no solo su eficacia sino su viabilidad.
The latest draft of The Procedural Efficiency law represents a momentous change for the Spanish system of judicial administration before the courts. In order to improve the judicial way, Spain is finally committed to imposing mandatory mediation towards an alternative resolution to ensure the right to justice such as mediation. A new concept of mediation that is implemented changing its alternative and voluntary nature for mandatory. But ¿Is this mediation? Considering that this alternative dispute resolution is not a new way to proceed but it is a novel mandatory resource to be implemented in certain subjects, mediation would be used as an action prior to jurisdiction.
