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Juan Ignacio Cerdá Meseguer
La incorporación de las TIC a los métodos de trabajo de la Administración de Justicia y, en concreto, la imposición legal de tramitar y gestionar los expedientes judiciales utilizando unicamente medios electrónicos, conlleva la aparición de nuevos problemas a los que el Derecho debe dar respuesta para seguir manteniendo un nivel de garantía equiparable para la protección de los derechos de los ciudadanos, en este caso como justiciables. En este trabajo se analizan los problemas que han surgido como consecuencia de la realización de las notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos judiciales, el tratamiento jurisprudencial que ha tenido la cuestión en las distintas instancias —en particular por el Tribunal Constitucional—, así como las singularidades que se plantean en el ámbito judicial contencioso-administrativo dada la regulación del procedimiento administrativo común sobre las notificaciones electrónicas. En última instancia, se trata de una cuestión que resulta esencial para que, bajo la apariencia de una mayor eficacia, no se produzca la vulneración de derechos fundamentales como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.
The implementation of ICT in the working methods of the Administration of Justice and, in particularly, the legal requirement to process and manage legal cases using only electronic means, entails the emergence of new problems to which Law must provide a response in order to keep up a comparable level of guarantee for the protection of citizens’ rights, in this case as justiciable. This work analyses the problems that have arisen as a result of the use of electronic notifications in judicial proceedings, the case-law response to the issue at different levels —particularly by the Constitutional Court—, and the particular issues that are faced in the contentious-administrative judicial field given the regulation of the common administrative procedure on electronic notifications. Ultimately, this is an issue that is essential to ensure that, under the appearance of greater efficiency, fundamental rights such as the right to defence and the right to effective judicial protection are not violated.
