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Susana Macat
La potestad-deber del Estado para preservar la salud de la población puede rastrearse desde tiempos remotos. Prestigiosos autores del Derecho Administrativo han dado ejemplos de ello. La salud e higiene públicas integran una de las tres categorías con que se ha caracterizado lo que se conoce como “poder de policía” del Estado, el cual no debe confundirse con la policía de seguridad, sino que hace alusión al poder de limitar los derechos de los ciudadanos en función de la protección de la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas. Cabe aclarar que estas tres categorías refieren a la concepción más restringida del poder de policía que se conoce como “narrow” y se encuentra ligada a una visión del Estado liberal. No hay duda de que la pandemia por Covid-19 ha renovado esta intervención, y obligó a las personas a seguir determinados protocolos que les son impuestos desde el Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta potestad-deber por parte las autoridades estatales las coloca ante la responsabilidad de evitar los daños que tales limitaciones acarrean a las personas en lo que respecta a su economía y al ejercicio de la libertad. El artículo intenta analizar los antecedentes remotos en la jurisprudencia argentina y las normas que regulan actualmente la responsabilidad del Estado por su actividad lícita, a fin de dejar en claro la importancia del rol que a cada ciudadano le cabe para recuperar el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.
