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El Abogado General del TJUE ha terciado en la controversia creada por la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 2019 (STC 37/2019) que impone al tribunal nacional (en este caso a nuestro Tribunal Supremo) un deber reforzado de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sólo si llega a la conclusión de que la norma legal infringe el Derecho de la Unión (y, por tanto, procedería su inaplicación por su propia autoridad), sin que tenga tal deber —desde el punto de vista constitucional— en caso de que decida que la ley nacional cuestionada es conforme con el Derecho de la Unión Europea.
