Se aborda la nulidad de la entrada y registro domiciliario por vulneración de los artículos 18.2 y 17.3 CE, y 520.2 LECrim, derivada de la invalidez del consentimiento prestado por el interesado sin asistencia letrada, desde la dual función que cumple la asistencia jurídica (de defensa y garantía del libre consentimiento), al estar de facto privado de libertad aunque no detenido formalmente por voluntad policial, así como la nulidad de las pruebas obtenidas en la práctica de dicha diligencia de investigación.