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Jorge Castejón González
El objetivo del presente artículo es analizar las herramientas de las que disponen los órganos de control interno para aportar una opinión técnica relativa a la racionalidad económica de las estructuras públicas creadas para gestionar políticas públicas. En particular, se analiza la relevancia del modelo de supervisión continúa previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la totalidad de las Administraciones Públicas y se presenta de forma breve la implementación realizada por la IGAE, así como unas notas sobre su adaptabilidad al sector público local.
