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Antonio Zabalza Martí
La crisis económica de 2008 tuvo tres consecuencias para los gobiernos regionales españoles: en primer lugar, se produjo una sustancial y repentina reducción de ingresos, que no pudieron contrarrestar, mientras la demanda de educación, sanidad y otros servicios sociales seguía creciendo como de costumbre; en segundo lugar, su deuda, que hasta entonces había sido relativamente pequeña y estable, explotó hasta niveles nunca vistos; y en tercer lugar, hubo un serio deterioro del volumen y calidad del conjunto de servicios públicos suministrados por estos gobiernos. Las dos primeras consecuencias quedan recogidas en las estadísticas oficiales, pero la tercera, acerca de la cual existe un razonable consenso entre la ciudadanía, no ha sido sistemática y formalmente documentada. Este artículo desarrolla un sencillo modelo de gasto público que explica estos hechos. El modelo postula que, bajo condiciones de estrés financiero, puede ser racional para los gobiernos regionales gastar por encima de los recursos disponibles, y por tanto endeudarse, a la vez que aceptar un deterioro del volumen y calidad de los servicios suministrados al público. Si una medida adecuada de la brecha entre las necesidades de gasto y los ingresos puede ser identificada, el modelo predice que el comportamiento óptimo de los gobiernos es absorber una parte de esta brecha a través del endeudamiento y la restante dejando que la provisión de servicios públicos se deteriore. En una situación de estrés financiero, además del tradicional efecto de los ingresos, la demografía juega un papel propio en la determinación del comportamiento económico de los gobiernos. El artículo contrasta estadísticamente estas hipótesis utilizando un panel de datos sobre gasto, ingresos y una serie de indicadores de necesidades de gasto (esencialmente indicadores demográficos) de las quince comunidades autónomas españolas de “régimen común” a lo largo del periodo 2007-2017. Ninguna de las predicciones del modelo es rechazada por los datos.
The 2008 economic crisis had three consequences for Spanish regional governments: first, there was a substantial and sudden fall of their revenue, which they had no effective means to redress, while citizens demands for education, health and other services continued to increase as usual; second, their debt, which until then had been relatively small and stable, exploded to unknown levels; and third, there was a serious deterioration of the extent and quality of the set of public services provided by these governments. The first two consequences show up quite clearly in official statistics, while the third, on which arguably there is a high level of consensus among citizens, has not been systematically and formally documented. This article develops a simple model of public expenditure that explains these facts. It suggests that, under conditions of financial stress, it may be rational for regional governments to spend more than the resources they have, and thus to incur in debt finance, and at the same time to accept a deterioration of the extent and quality of the services provided to the public. More concretely, the model predicts that, if a meaningful measure of the gap between expenditure needs and revenue can be identified, then the optimal behaviour of governments is to absorb a part of this gap by borrowing and the rest by letting service provision to deteriorate. In a situation of financial stress, along with the traditional influence of revenue, demography plays a role of its own in the determination of governments’ behaviour. We test these hypotheses with a panel of data on expenditure, revenue and a series of indicators of expenditure need (essentially demographic indicators) of the fifteen “common regime” Spanish autonomous communities over the period that goes from 2007 to 2017. None of the predictions of the model is rejected by the data.
