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En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos. Su adopción tuvo un impacto inmediato en la comunidad jurídica; particularmente, al ser la primera vez que la Corte analizó –de forma general–, las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana en lo referido a la protección del medio ambiente, en conexión con la protección de los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento. Después de la adopción de esta decisión, la mayor parte de académicos, saludarían su contenido. Sin embargo, nosotros creemos que se requiere una aproximación crítica. Este artículo es una oportunidad para considerar las posibles debilidades presentes en la adopción de aquella Opinión; especialmente, en lo que respecta a la argumentación seguida por la Corte para expandir su jurisdicción y hacer posible la judicialización de derechos ambientales, que no se encuentran consagrados en la Convención Americana. Énfasis particular, será dado al hecho de que –en esta oportunidad–, la Corte no utilizó un procedimiento contencioso para realizar aquella expansión legal, sino que –utilizó con ese fin–, una Opinión Consultiva que, según la misma Corte presenta efectos particulares para los Estados parte de la Convención.
In November 2017, the Inter-American Court of Human Rights issued an Advisory Opinion on the Environment and Human Rights. The Opinion had an immediate impact on the human rights legal community. It was the first time the Inter-American Court assessed, from a general point of view, the scope of the obligations of the parties to the American Convention in regards to the protection of the environment, in connection with the fulfillment of the human rights enshrined in that instrument. After the issuance of this decision, a majority of scholars saluted the Court’s approach. We think a critical assessment needs to be performed, to the content of this decision. This paper is an opportunity to discuss the possible flows that might have been committed in the adoption of this Advisory Opinion; particularly, regarding the argumentation that the Court followed to expand its jurisdiction and to make justiciable environmental rights that are not expressly included in the American Convention on Human Rights. Particular emphasis, will be given to the fact that the Court did not use to that end, a contentious procedure, but an Advisory Opinion one, resulting in a decision that –according to the Court– has particular legal effects for the parties to the American Convention.
