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Geneviève Saumier
El arbitraje se encuentra bien establecido en Canadá.
Todas las jurisdicciones han implementado la Convención de Nueva York de 1958, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial y legislación equivalente para el arbitraje doméstico. Este marco legal generalmente favorable al arbitraje se encuentra frecuentemente reñido con el acceso a la justicia para los consumidores. A consecuencia de ello, múltiples jurisdicciones en Canadá han adoptado legislación para asegurar a los consumidores el acceso a las cortes locales, incluso a través de las acciones de clase, a pesar de la inclusión de cláusulas arbitrales en sus contratos. La división constitucional de poderes en Canadá permite a cada provincia adoptar su propia política, lo que genera una diversidad en el cumplimiento que tienen las cláusulas arbitrales de los contratos comerciales a lo largo de todo el país.
En este artículo, la autora examina la tensión entre el apoyo generalizado al arbitraje y el tratamiento diferenciado que recibe el arbitraje de consumo en Canadá. Con dicho fin, la autora examina la legislación pertinente en diversas provincias (incluyendo Quebec y Ontario) así como la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá (Dell Computer (2007), Telus (2011) y Wellman (2019)). La sentencia de 2020 de la Corte Suprema de Canadá en el caso Uber puede significar una nueva apertura a extender la protección a otras partes contractuales tales como los empleados.
Arbitration is well established in Canada. All jurisdictions have implemented the 1958 New York Convention, the UNCITRAL Model Law on Arbitration and equivalent legislation for domestic arbitration. This generally supportive legal landscape for arbitration is often at odds with access to justice for consumers. As a result, several jurisdictions in Canada have adopted legislation to guarantee consumers’ access to local courts, including through class actions, notwithstanding the inclusion of arbitration clauses in their contracts. The constitutional division of powers in Canada entitles each province to adopt its own policy, leading to diversity across the country with regard to the enforceability of arbitration clauses in consumer contracts.
In this paper, the author examines the tension between general support for arbitration and differentiated treatment of consumer arbitration in Canada. To that end, the author examines relevant legislation in several provinces (including Quebec and Ontario) as well as recent jurisprudence from the Supreme Court of Canada (Dell Computer (2007), Telus (2011) and Wellman (2019)). The 2020 decision from the Supreme Court of Canada in Uber may signal a new openness toward extending protection to other vulnerable contracting parties such as employees.
