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Perú
En el presente trabajo se plantea que la reforma del sistema de justicia debe ser considerada como una política pública. Esto implica necesariamente que el Estado debe llevar a cabo una serie de acciones para solucionar los defectos y problemas que aquejan el sistema de justicia en el Perú. En ese sentido, partimos del hecho que el sistema de justicia comprende no solo al Poder Judicial, sino también a todas aquellas entidades en cuyo seno el ciudadano puede encontrar una solución a sus conflictos o problemas de relevancia jurídica (Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, RENIEC, SUNARP, entre otras). De esta forma, el papel del Estado en la reforma de este sistema no se limita a aprobar normas ni puede quedarse en declarar principios, sino que debe materializarse en acciones en el marco de un rol dinámico. Precisamente, en nuestro trabajo planteamos algunas acciones que el Estado debe llevar a cabo para tutelar adecuadamente el acceso a la justicia de personas en situaciones en las que hay barreras estructurales que impiden el goce de sus derechos. Para ello, analizamos de forma crítica los informes CERIAJUS y CCRJ y pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
In this paper we state that the justice system’s reform must be considered as a public policy. This necessarily implies the Government performing actions to solve the Peruvian justice system’s defects and problems. In this sense, we assume that not only does the justice system comprise the Judiciary, but also every other entity where the citizen can find a solution to his conflicts or legally relevant problems (Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, RENIEC, SUNARP, among others). Thus, not only is the Government’s role in the system’s reform limited to approving rules or declaring principles, but also must be materialized in actions from a dynamic point of view. Precisely, in our paper we formulate some actions the Government must carry out to protect the access to justice of people in circumstances in which structural barriers hinder them from exercising their rights. To this effect, we analyze critically the CERIAJUS and CCRJ reports and the Peruvian Constitutional Court and Judiciary’s statements.
