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Itxaso Gallastegi Ormaetxea
El actual escenario de crisis y sus consecuencias han avivado el debate en torno a la función estratégica de la contratación pública. Así lo demuestra el último paquete de directivas europeas en la materia, donde se ha abogado por la inserción de aspectos sociales, medioambientales y de innovación en los procesos de contratación. Es por ello que los Estados miembros, en sus transposiciones, tienen que pasar a concebirla, también, como instrumento de apoyo y promoción de otras políticas públicas directas, a fin de que los avances normativos puedan encontrar reflejo en sus prácticas cotidianas de contratación. Los países latinoamericanos, por su parte, pese a carecer, con carácter general, de un marco regulatorio específico al respecto, han apostado por experimentar en compras públicas sustentables a través de la puesta en marcha de diversos programas y planes para su desarrollo.
La integración de una responsabilidad social en la contratación constituye uno de los ejes de este nuevo paradigma. Y es que resulta esencial que los poderes públicos contratantes se centren, no sólo en seleccionar las ofertas económicamente más ventajosas, sino en compatibilizar y equilibrar las mismas con su deber de contribuir al bienestar social en su sentido más amplio. Se pretende, pues, que los contratos públicos favorezcan, a lo largo de toda su vida, a cuestiones tan relevantes como el empleo estable y de calidad, la inclusión de sectores vulnerables y desfavorecidos, y la igualdad de género. Ahora bien, el alcance de estos criterios de índole social dependerá de la fase del procedimiento en que se encuentre la contratación, en aras de los principios básicos que la rigen. Habida cuenta de lo anterior, la presente comunicación pretende ser una aproximación a las iniciativas que en el ámbito de la contratación pública socialmente responsable han visto la luz recientemente en América Latina. Al efecto, como punto de partida y en términos comparativos, se analizan los regímenes jurídicos establecidos por la Unión Europea, en general, y por Italia y España, en particular, tratando de mostrar, tanto los fundamentos legales e institucionales, como las problemáticas, comunes a los dos espacios. Se recogen, después, las principales novedades que, en este sentido, comprenden los sistemas de contratación pública de países como Argentina, Chile o Costa Rica, en tanto que evidencian la evolución del tema objeto de estudio en la realidad de la región. Y el trabajo concluye apuntando al reto de la contratación pública con vocación social y sus oportunidades. Porque, aunque esa parezca otra historia, el camino no ha hecho más que empezar.
