Acceso usuarios
Elisabet Cerrato Guri
Una de las cuestiones que más preocupación genera en el ámbito de la prueba documental es la aportación al proceso de los documentos que no se hallen en disposición de la parte que los quiera utilizar para alcanzar la tutela judicial deseada. Ello sucede cuando esta fuente probatoria se encuentra en manos de otra parte procesal o incluso de un tercero ajeno al proceso judicial. El ordenamiento jurídico español regula esta realidad a través de la exhibición documental en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC)4 , aunque con algunas lagunas y deficiencias. Es por este motivo, y dada la relevancia que supone para el órgano decisor disponer de todos los elementos probatorios para la consecución de la anhelada justicia (art. 1.1 de la Constitución Española, en adelante CE), y para las partes utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 CE), que hemos querido acudir al derecho comparado para analizar el tratamiento jurídico que recibe esta institución procesal. A tal fin, y por su especial trascendencia en el common law, nos hemos fijado en la institución jurídica de la disclosure, regulada en la Civil Procedure Rules (en adelante CPR) 5 .
En el presente trabajo nos proponemos examinar los elementos esenciales propios de cada una de las referidas instituciones procesales, dedicando especial atención a la aportación documental de terceros en el proceso judicial para, en última instancia, detectar sus puntos de encuentro y desencuentro.
One of the most disputed aspects in the documentary evidence scope, is the production, during the legal procedures, of documental evidence when particular pieces of it are not available to the party that wants to use them to achieve judicial protection. This happens when those documents are possesed by a different procedural party or even a non-party. The Spanish legal system regulates this conflict through the documentary exhibition in the Civil Procedure Act, although not without some gaps and shortfalls. This is the reason why we resort to comparative law, in order to analyze the legal treatment that this procedural institution receives. With such goal in sight, and due to its special importance in the common law, we have taken the legal institution of disclosure, regulated in the Civil Procedure Rules, as our subject of comparative analysis.
The aim of this paper is to examine the essential elements of each of these procedural institutions, with special regard to the non-party documentary contribution in the judicial process, in order to detect points of encounter and disagreement between the above-mentioned regulations.
