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Carlos Peña González
Este artículo indaga en los problemas de constitucionalidad que presentan los intentos de regulación del financiamiento electoral y, en particular, el establecimiento de límites a las contribuciones y al gasto. El autor sostiene que el financiamiento electoral con dinero privado se relaciona con varios derechos constitucionales, pero en particular con el derecho a la libertad de expresión. Sostiene que los límites a las contribuciones en dinero que un particular puede hacer a una campaña electoral no lesionan la libertad de expresión, atendida la escasa fuerza comunicativa que el dinero tiene por sí mismo. En cambio, aclara, el establecimiento de límites al aporte de bienes expresivos que no son dinero lesionaría la libertad de expresión.
