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El Tribunal Supremo, en una sentencia de importante calado, zanja la cuestión sobre el alcance de la responsabilidad sanitaria de las Administraciones Públicas en el caso del producto Ala Octa, cuya toxicidad descubierta con posterioridad a su uso, ha causado pérdida de agudeza visual, incluso ceguera a numerosos pacientes. El Supremo sienta jurisprudencia determinando quién es el responsable frente a los pacientes en caso de daños por productos médicos defectuosos, tras varios fallos contradictorios de los Tribunales Superiores de Justicia.
