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Uruguay inició a fines de los años noventa un proceso de reforma al sistema regulatorio del sector de telecomunicaciones. El aspecto de esta reforma que suscitó mayores expectativas fue la apertura del mercado de telefonía móvil. La subasta efectuada siguió el esquema básico desarrollado en Estados Unidos (1994) e incorporó las recomendaciones aprendidas de las experiencias europeas del año 2000.
El resultado de la subasta, sin embargo, fue un fracaso: no entraron nuevas empresas al mercado y la recaudación fue casi la menor posible. En este estudio se concluye que las causas de ese resultado no se encuentran en el diseño del proceso de adjudicación sino en la confluencia de características institucionales del país con la profunda crisis económica que se desató mientras tenía lugar la subasta.
