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En enero de 2001, el Gobierno creó una “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”, con el objeto de que ella relatara una historia de las relaciones que han existido entre el Estado y los indígenas chilenos, y avanzara propuestas de política para que en el futuro esas relaciones sean las mejores posibles. En el mes de octubre pasado, la Comisión entregó al Gobierno un Informe con su trabajo, texto que puede consultarse en www.gobierno.cl/verdadhistorica/presentacion.html. La Comisión trabajó dividida en los siguientes grupos de trabajo: Revisión Histórica, Legislación e Institucionalidad, Desarrollo Económico y Social, y Territoriales. Estos grupos de trabajo produjeron informes que sirvieron de antecedente al informe final entregado por la Comisión.
Las páginas que siguen contienen el análisis con que Lucas Sierra, miembro del Grupo de Trabajo Legislación e Institucionalidad, sustentó su posición de minoría frente a varias de las recomendaciones del informe que su grupo entregó a la Comisión. Según el autor, el reconocimiento constitucional de los indígenas como “pueblos”, en vez de como “individuos”, traería consigo una serie de riesgos morales, políticos y conceptuales. Entre ellos, irradiaría desde la Constitución al resto del sistema un concepto “colectivo” y no individual de los derechos constitucionales, volviendo así la espalda a una de las tradiciones más valiosas del constitucionalismo liberal.
