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Juan Pablo Medina Arostegui
El presente trabajo trata de la problemática que se deriva del hecho de determinar qué tipo de responsabilidad penal ha de ser proporcional a los hechos delictivos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas. Enfatiza en la necesidad de crear una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y se justifica en razones políticas criminales como son los cambios legislativos a nivel internacional y la creciente delincuencia empresarial que en las últimas décadas ha causado problemas en Nicaragua de orden socioeconómico. La delincuencia económica se ha infiltrado en las administraciones públicas, es evidente que el actual modelo de consecuencias accesorias y de la fórmula de actuar en nombre de otro ha resultado ser insuficiente, debido a la naturaleza de tales medidas y su falta de definición, siendo necesario el modelo de responsabilidad penal corporativa. De estos temas se ocupa el presente artículo, pasando por un análisis de las fuentes de imputación penal, los modelos de responsabilidad penal, los modelos de prevención de delitos (compliance penal) y la figura polémica del oficial de cumplimiento (compliance officer), teniendo como referente, en este último caso, la experiencia española.
The present work deals with the problem that derives from the fact of determining what type of criminal responsibility should be proportional to the criminal acts committed in the field of legal persons. Emphasizes the need to create a law on criminal liability of legal persons and is justified in criminal political reasons such as legislative changes at the international level and the growing corporate crime that in recent decades has caused problems in Nicaragua of socioeconomic order. Economic crime has infiltrated public administrations, it is clear that the current model of accessory consequences and the formula of acting on behalf of another has proved insufficient, due to the nature of such measures and their lack of definition, being necessary the corporate criminal responsibility model. These issues are addressed in this article, through an analysis of the sources of criminal charges, criminal liability models, crime prevention models (criminal compliance) and the controversial figure of the compliance officer, having as a reference, in the latter case, the Spanish experience.
