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Arturo Fermandois Vöhringer
En este artículo se sostiene que las sentencias pronunciadas en 2001 por la Corte Suprema y en 2004 por un juzgado civil de primera instancia de Santiago, en relación con la llamada píldora del día después, han aplicado perfectamente la Constitución. Ello porque, si se aceptan los supuestos de que la vida humana comienza con la concepción, y que todo medicamento preparado a base de Levonorgestrel puede impedir la anidación del feto, la autorización para la venta privada, o bien la distribución gratuita por el Estado de ese fármaco, pueden vulnerar el derecho a la vida que tiene esa persona humana que está por nacer. Ya que esto configura una amenaza a un derecho fundamental, toda acción del Estado que se involucre en ello —señala el autor— es nula de derecho público.
