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En materia de ejecución penal, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal pretende una regulación completa y sistemática de una fase insuficientemente regulada en la legislación vigente. El proyecto parte de la ejecución como una fase autónoma del proceso, con principios específicos y partes procesales que no tienen por qué ser coincidentes con las del proceso principal y refuerza la oralidad e inmediación instituyendo la celebración de audiencias públicas antes de resolver sobre las incidencias más relevantes de la ejecución. Allí donde la organización judicial lo permita, se prevé que la ejecución se tramite por una sección especializada del Tribunal de Instancia, cuyas competencias son más amplias que las de los tribunales sentenciadores en la actualidad. Además, se actualiza y sistematiza la regulación de la ejecución de las diferentes penas previstas en el Código Penal y se incluyen disposiciones novedosas dirigidas a disciplinar el destino de los efectos, instrumentos o muestras depositadas o los datos personales almacenados en sistemas electrónicos o soportes incorporados a las actuaciones.
