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Santiago, Chile
Este trabajo sostiene que la forma y alcance de la revisión judicial dependen centralmente de la interrelación existente entre dos variables: el carácter especializado o generalista del revisor, y el ámbito que le es conferido a éste para decidir. Si el revisor es generalista, es probable que tenga un incentivo a ser deferente con la Administración, por lo que en principio el ámbito de revisión no debiera permitirle ir más allá de las cuestiones de derecho, pues de lo contrario el resultado podría resultar dañino para los objetivos que el sistema regulatorio persigue. Por el contrario, si el revisor es especializado, tiene escasos incentivos a ser deferente con la Administración y no debiese ser restringido en su ámbito de posibilidades, pues se perderían los beneficios de la especialización. Así, los autores postulan que sólo cuando ambas variables institucionales están intrínsecamente vinculadas (esto es, que el estándar de revisión esté diseñado “a la medida” de las características institucionales del revisor) el sistema institucional puede operar de una manera eficiente en un marco de legitimidad. Esta tesis es ilustrada acudiendo a la normativa de libre competencia y medioambiental chilena, donde la combinación de las variables institucionales no ha sido la adecuada.
This article argues that the method and length of judicial review depend primarily upon the interaction of two variables. The first one is whether the reviewer is specialised or generalist. The second variable is the scope of the review. If the reviewer is generalist, it will probably have an incentive to be deferent with the Administration. Then, in principle, the scope of the review should only extend to questions of law, because a greater scope of review may result in damage to the objectives of the regulatory system. By contrast, if the reviewer is specialised, incentives to be deferent are scarce. In this case, the scope of the review should not be restricted, in order to not reduce the benefits of specialisation. The authors hold that the institutional system can operate efficiently and with legitimacy only when both variables are fundamentally linked —this is, when the scope of review is designed taking into account the institutional characteristics of the reviewer. This thesis is illustrated with the cases of Chilean competition law and environmental law, two areas where the variables have been mixed defectively.
