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El concepto de legitimidad democrática, tal como se aplica a los servicios de inteligencia de un país, aún no se ha definido ni sus factores contribuyentes están sistemáticamente aislados y operacionalizados. Los acontecimientos recientes en Colombia son la oportunidad para intentar hacer esas dos cosas. Los servicios de inteligencia legítimamente democráticos satisfacen la necesidad de información y análisis de un país, de acuerdo con la aplicación de principios internacionales de derechos humanos, para preservar y proteger un sistema de gobierno de soporte constitucional. El concepto de legitimidad combina el respeto mutuo y la rendición de cuentas de legalidad existente entre la administración política de un país y sus ciudadanos, y las acciones y reputación a largo plazo de sus servicios de inteligencia. Tres elementos contribuyen a la evaluación de la legitimidad de la inteligencia colombiana: primero, a medida que los profesionales reflexionan sobre su entorno laboral, las memorias publicadas ilustran los aspectos sociales y culturales de la vida en los servicios de inteligencia. Segundo, el marco legal legitimante –la Ley de Inteligencia de Colombia 1621 del 2013 y las medidas del país para llevar a cabo y monitorear las actividades de inteligencia– indican un nivel de buena disposición institucional. Tercero, los artículos en línea de tres años antes y después de la promulgación de la ley de 2013, publicados por tres importantes medios de comunicación impresa, proporcionan datos empíricos. La legitimidad de los servicios de inteligencia colombianos ha aumentado desde la promulgación de la ley de inteligencia. El logro de una mayor libertad de expresión entre periodistas ha conducido a un aumento convincente en la cobertura de asuntos de inteligencia en Colombia.
