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Hasta la entrada en vigor del RCIL, en ámbito local, cuando se había llevado a cabo una prestación económica prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y por tanto, de la correspondiente fiscalización, en base a la doctrina jurisprudencial del enriquecimiento injusto, se tramitaba ante el Pleno la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Actualmente el RCIL regula como novedad el procedimiento de la omisión de la función interventora, desplazando de este modo al REX como procedimiento de convalidación del gasto, de igual manera que lo hace la IGAE para el Estado. No obstante, los últimos pronunciamientos jurisprudenciales concluyen que es necesario instar la revisión de oficio.
