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Matilde Carlón Ruiz 
Estando anunciada una Ley estatal ordenadora del mercado del alquiler de vivienda cuya elaboración en el seno del Gobierno de coalición se afirma polémica, resulta oportuno y necesario reflexionar sobre los márgenes constitucionales para intervenir en este mercado, particularmente en materia de precios. Los derechos de propiedad y de libertad de empresa imponen límites al legislador a este respecto sobre los que la jurisprudencia del TC y la más reciente del TEDH ofrecen criterios que hay que tener bien presentes.
