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Ignacio Rodríguez Fernández
El pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende instaurar un nuevo modelo de proceso y sentar las bases de un sistema de justicia criminal adaptado a las necesidades y características de la sociedad española del siglo XXI. No obstante, si hay un elemento que preside la regulación propuesta es la voluntad de configurar un tipo de proceso que haga realmente efectivo, en el ámbito de la justicia penal, el diseño constitucional de los derechos fundamentales. A través de un breve recorrido histórico, el presente trabajo pretende explicar el valor del texto normativo presentado en la evolución de los modelos constitucionales y el papel que juegan los derechos fundamentales en el desarrollo de un modelo legal de proceso que combine adecuadamente la resolución imparcial de los conflictos y la realización eficaz de las políticas públicas en la lucha contra la delincuencia.
