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Una administración local en su día suspendió de oficio desde marzo hasta final de septiembre del 2020 la ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos por causas derivadas del COVID-19. Dicho contrato tenía como fecha de terminación el 15 de septiembre, sin posibilidad de prórroga. ¿Qué indemnización al contratista procede? ¿Es factible ampliar el plazo una vez finalizado el contrato por el tiempo de la suspensión?¿Se requiere la conformidad del contratista o lo puede imponer la Administración de forma unilateral?
