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Valeska Adela Opazo de la Fuente
Ante la autonomía de las empresas del Estado y su carácter mercantil, este trabajo tiene por objetivo sostener que tales organismos se encuentran condicionados a principios públicos en sus relaciones laborales, y sus funcionarios están regulados por un estatuto administrativo distinto al del resto de los trabajadores del sector estatal, que les permite disfrutar, en general, de derechos colectivos. En la primera parte, partiendo de que las empresas estatales pertenecen a la Administración Pública, el trabajo analiza las exigencias públicas que se les imponen, en su calidad de empleadoras, y la importancia de éstas para el resguardo de la comunidad. En la segunda parte la premisa se centra en el carácter público de sus trabajadores y su especial regulación, espacio desde el cual el artículo examina tres derechos en particular: la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Concluye, respecto de las empresas, que el interés público envuelto en su gestión fundamenta un especial modo de funcionamiento en sus relaciones laborales, y en lo pertinente a sus trabajadores, se establece que gozan de los derechos señalados, salvo el derecho a huelga, que solo procedería respecta de una empresa estatal.
Due to the autonomy of state companies and their commercial nature, this work aims to maintain that such organizations are conditioned on public principles in labor relations, and their public servants are regulated by an administrative statute that is different from the rest of the government workers, that allows them to hold, in general, collective rights. In the first part, starting from that state companies belong to public administration, this work analyzes the public demands that are imposed on them as employers and the importance of these for the community protection. In the second part, the premise focuses on the public character of the workers and their special regulation, space from which the article examines three rights in particular: unionization, collective negotiation and strikes. It concludes, regarding the companies, that public interest involved in their management bases a special way of functioning in their labor relations, and regarding their workers, it is established that they hold the indicated rights, except the right to strike, which it only proceeds with respect a state company.
