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En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de la etapa preliminar de investigación del procedimiento penal, adecuados controles procesales sobre el ejercicio de la acción penal que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para la discrecionalidad en su ejercicio, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal.
This article addresses the lack of suitable procedural mechanisms to monitor the mandatory exercise of penal actions on behalf of the Prosecutor General Offices at the preliminary investigation stage of criminal proceedings. The aforementioned circumstance results in multiple important voids in our legislation that are left to the Prosecutor's discretion to resolve, thus replacing the obligatory nature of the proceedings and therefore reversing to the original procedural model in criminal prosecution.
