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Este documento analiza el desempeño como litigante de la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), proponiendo un enfoque que sistematiza sus diferencias con los demandantes privados en términos del esfuerzo que cada uno debiera desplegar en un juicio. A partir de la base de datos del Tribunal de la Libre Competencia, se utiliza la presencia de la FNE como una manera de dividir los perfi les de demandante entre público y privado, mientras que el número de audiencias se utiliza para medir la intensidad de la disputa. Los resultados reflejan que la FNE tiene efectivamente más éxito que los privados en una gran cantidad de casos donde el nivel de intensidad de la disputa es relativamente bajo. Sin embargo, en la minoría de casos donde el nivel de disputa es relativamente alto, son los demandantes privados quienes muestran un mejor desempeño. Este trabajo argumenta que la razón se relaciona con los costos de agencia. Mientras los privados tendrían costos de agencia variables, que dependen del número de partes que resulte necesario coordinar, la FNE funcionaría con una estructura burocrática de costos relativamente más constantes. Ello hace que la FNE tenga ventajas comparativas en juicios como la colusión donde el daño está disperso entre una multitud de consumidores. En contraste, los privados tienen ventajas comparativas en casos como la dominancia, donde el número de partes involucradas es reducido. A diferencia de estudios anteriores, el trabajo concluye que la superioridad de la FNE es relativa, y por ello, la política pública debiera fomentar la división del trabajo. Fortalecer a la FNE a expensas de la litigación privada parece derechamente una mala idea. Los mecanismos de fiscalización público y privado no deben ser mirados como sustitutos estructurales, sino como complementos estratégicos.
This paper evaluates the performance on antitrust cases of the Chilean public enforcer (FNE by its acronym in Spanish). It presents an approach that frames its differences with private plaintiffs in terms of the effort that each of these mechanisms of enforcement should deliver during the trial. In a particular case, the presence of the FNE is used to draw the line between public and private enforcement, while the number of hearings is considered as a proxy of the joint effort delivered by the parties. The results show that the FNE outperforms private plaintiffs in a large number of cases where the effort of the parties is relatively low. However, within a small number of cases where the parties deliver a relatively high effort, the private plaintiffs are the ones who perform better. The paper argues that these trends are related with the structure of agency costs. Whereas private plaintiffs face a variable cost, depending on the number of victims whose coordination is required, the FNE works as a bureaucratic organization that has rather constant costs. The FNE has thus a comparative advantage in prosecuting offenses that involve a large number of victims, such as collusion. In contrast, private plaintiffs have the edge in cases involving a limited number of victims, such as dominance or predatory pricing. Diverging from recent studies, the paper concludes that the superiority of the FNE is only partial, and thus the policy should aim at bringing together both mechanisms of enforcement. Private and public enforcement does not behave as structural substitutes but as strategic complements. Hence, strengthening one at the expense of the other is plainly a bad idea.
