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Arcelia Martínez Bordón, Georgina Hermida Montoya
El objetivo del presente artículo es analizar el rol potencial de los observatorios ciudadanos en México para tender puentes entre la investigación educativa y las políticas públicas. A partir de un estudio cualitativo de tipo documental y empírico, se discute el posible rol de estos actores como intermediarios estratégicos, gracias a la riqueza de sus características: tanto de las generales relacionadas con su figura asociativa, como de las específicas con los ámbitos educativos monitoreados por cada caso, las acciones realizadas, la información producida y sus públicos objetivo. Al retomar la preocupación de Pablo Latapí, de “procurar una mayor presencia de la investigación educativa en la hechura de políticas” y de la necesidad de fortalecer las agencias ciudadanas, el texto pretende abonar a tres campos del conocimiento: i) los vínculos entre la investigación y las políticas públicas; ii) la partici- pación social en la “vigilancia” de la educación, y iii) la gobernanza del sistema educativo, esto último, especialmente en un escenario como el mexicano donde el derecho a la educación es difícilmente exigible y justiciable.
The objective of this article is to analyze the potential role of citizen observatories in Mexico to build bridges between educational research and public policies. From a qualitative study of documentary and empirical type, the possible role of these actors as strategic intermediaries is discussed, thanks to the richness of their characteristics. Whether from the general ones, corresponding to their associative figure, as well as from the specific ones, related to the educational fields monitored by each case, the actions carried out, the information produced, and their target audiences. By retaking the concern of Pablo Latapí, of “seeking a greater presence of educational research in the making of policies” and of the need to strengthen citizen agencies, the text aims to contribute to three fields of knowledge: i) links between research and public policies, ii) social participation in the “surveillance” of education, and iii) the governance of the education system; the latter, especially in a scenario like Mexico where the right to education is hardly enforceable and justiciable.
