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El comentario a la sentencia de 29 de mayo de 2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) sobre el recurso de apelación interpuesto contra la Auto de 4 de junio de 2019 del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona ofrece un análisis de la doctrina contradictoria que han seguido algunos tribunales españoles en relación con la transmisión del conocimiento de embarque (B/L), especialmente en lo que respecta a las cláusulas de jurisdicción a favor de otros tribunales de la Unión Europea (UE) incluidas en dicho documento, al tercero endosatario que no firmó dicho documento, desde la aprobación de la Ley de Navegación Marítima (LNM)14/2014 de 24 de julio de 2014. Los requisitos establecidos por el legislador europeo y las doctrinas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de ciertas decisiones de los tribunales españoles divergen con respecto a los fundamentos de derecho de esta sentencia. Si bien la ley aplicable a la validez formal y sustantiva de dichos acuerdos se establece en el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis, el consentimiento de las partes contratantes se rige por la legislación nacional. El Tribunal Supremo español aún no ha dictado sentencia que especifique la eficacia del acuerdo de jurisdicción sobre un endosatario del conocimiento de embarque en caso de reclamaciones por daños a la mercancía desde la aprobación de la LNM. Por lo tanto, persisten discrepancias en esta polémica área.
The commentary on the judgment of 29 May 2020 of the Provincial Audience of Barcelona No. 15 on the appeal filed against the Order of 4 June 2019 of the Commercial Court No. 4 of Barcelona provides an analysis of the contradictory doctrine that some Spanish courts have followed regarding the conveyance of the Bill of Lading (B/L), especially regarding the jurisdiction clauses of otherEuropean Union (EU) courts, included in this document, in favour of the third party endorsee, who has not been required to sign the document since the Spanish Act on Maritime Navigation (SAMN) 14/2014 of 24 July 2014 was passed. The requirements set out by the European legislator and the doctrines of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and some Spanish courts diverge in respect of the grounds of this judgment. While the law applicable to the formal and substantive validity of those agreements is set out by Article 25 of the Brussels I Regulation (recast), the consent by the contracting partiesrelies on national law. The Spanish Supreme Court has still not rendered any judgment that specifies the efficacy of the jurisdiction agreement over a B/L endorsee in case of cargo claims since the approval of the SAMN. Thus, discrepancies remain in this contentious area.
