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Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz 
Entre las causas de la corrupción las hay o puede haber culturales, estructurales e institucionales. Cabe preguntarse si, dentro de estas últimas, se encuentra la que distingue, dentro de los Estados democráticos, entre formas de gobierno presidencialistas y parlamentarias. En el bien entendido de que la comparación, aplicada a un determinado país, no puede hacerse sobre magnitudes homogéneas, porque estamos comparando una realidad y una mera conjetura.
El autor parte de la base de España (un régimen parlamentario según la Constitución de 1978) y en la que todos los indicadores, sea cual fuere su grado de fiabilidad, arrojan unos elevados índices de corrupción, sobre todo en el período de expansión económica 1996-2008.
El trabajo, que por supuesto comienza poniendo de relieve la dificultad de ofrecer un concepto preciso y universal de corrupción, así como la convergencia entre ambas formas de gobierno, concluye que entre las causas institucionales de la corrupción no tiene por qué encontrarse la forma de gobierno. Y en particular sostiene la idea de que el parlamentarismo no significa necesariamente una mejora con respecto al presidencialismo.
