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La irrupción del «hecho tecnológico» en nuestras vidas, y por extensión también en el marco jurídico, impone una reflexión serena sobre qué significa y qué implicaciones tiene la «desmaterialización» del proceso judicial. La tecnologización de las herramientas al servicio de lo jurisdiccional puede suponer un riesgo para la finalidad última de toda estructura y mecánica de enjuiciamiento: la aplicación de la ley, la conquista de la Justicia.
