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Este trabajo tiene por objeto el análisis del nuevo proceso de ejecución regulado en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020. El proyecto legislativo, ante la necesidad de superar el papel tradicionalmente secundario de la ejecución penal y de un crear un marco normativo que garantice el cumplimiento de los fines constitucionales de las penas, configura a la ejecución como un proceso autónomo sometido a una serie de principios rectores y en el que se pretenden reforzar la oralidad y la participación de las partes, incluida la víctima no personada.
En la consecución de ese objetivo, hay muchas luces, pero también algunas sombras que se tratarán de exponer razonadamente en las siguientes líneas.
