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Una de las acciones concretas de la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, es velar porque las mujeres y los hombres reciban igual salario por un mismo trabajo y por un trabajo de igual valor. De esta manera, la Comisión Europea garantiza incluir una perspectiva de igualdad en todos los ámbitos políticos de la Unión Europea, estableciendo unos objetivos políticos y acciones concretas para lograr los avances necesarios en materia de igualdad de género en Europa y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030.
Este derecho amparado por el principio de igualdad de retribución, está reconocido además de en el ordenamiento jurídico interno español, en instrumentos internacionales entre los que se identifican los convenios de la OIT, y en diferentes documentos declarativos y disposiciones europeas, entre las que se encuentran diversos actos legislativos que forman parte del Derecho derivado de la UE, y que, en ambos casos, son considerados como referentes en la interpretación y argumentación del proceso discursivo jurisdiccional, en muchos de los asuntos en los que la vulneración de este principio ha sido objeto de alguna decisión judicial.
En este artículo, tras investigar los referentes supranacionales y los del ordenamiento jurídico español del principio de igualdad de retribución, se analiza la extensión de las obligaciones que el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, impone a las empresas para identificar la existencia de brechas retributivas injustificadas o discriminatorias, concretando entre otros aspectos, los instrumentos que vertebran la aplicación del principio de transparencia retributiva, los elementos que configuran el principio de igual retribución por trabajos de igual valor, los criterios a seguir para una correcta valoración de los puestos de trabajo, y el alcance de la tutela administrativa y judicial.
One of the concrete actions of the European Strategy for Gender Equality 2020-2025 is to ensure that women and men receive equal pay for the same job and for work of equal value. In this way, the European Commission guarantees to include an equality perspective in all political areas of the European Union, establishing political objectives and concrete actions to achieve the necessary progress in terms of gender equality in Europe and to achieve the Sustainable Development Goals. proposed by the 2030 Agenda.
This right, protected by the principle of equal pay, is recognized in addition to the Spanish domestic legal system, in various international instruments among which the ILO conventions are identified, in different declarative documents and European provisions, among which are Legislative acts that are part of EU derivative law, and that, in both cases, are considered as references in the interpretation and argumentation of the jurisdictional discursive process, in many of the cases in which the violation of this principle has been the object of some judicial decision.
In this article, after investigating the supranational referents and those of the Spanish legal system of the principle of equal pay, the extension of the obligations that Royal Decree 902/2020, of October 13, of equal pay between women and men, is analyzed, It imposes on companies to identify the existence of unjustified or discriminatory pay gaps, specifying, among other aspects, the instruments that support the application of the principle of remuneration transparency, the elements that make up the principle of equal pay for work of equal value, the criteria to be followed for a correct evaluation of the jobs, and the scope of administrative and judicial protection.
