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Conforme al canon tradicional del Derecho Administrativo, las reglas específicas suelen ser preferidas sobre los estándares generales al momento de tipificar una conducta infractora. Razones de libertad y seguridad jurídica son esgrimidas por los académicos para exigir una mayor taxatividad en dicha tipificación. El propósito del presente artículo es establecer criterios para determinar –desde una perspectiva diferente al canon tradicional– cuándo resulta preferible recurrir a una regla o un estándar para la redacción de una disposición sancionadora. Empleando herramientas del Análisis Económico del Derecho, se ofrece una vía para optimizar tal elección, que enfatiza en los costos de especificación, cumplimiento y adjudicación. Se concluye que el grado de precisión tipificante no es absoluto, pues la opción elegida –regla o estándar– será aquella que conlleve a la mayor minimización de sus costos sociales.
