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María Isabel Jácome, Juliana Paola Clavijo Mora
Con la Constitución de 1991, fueron introducidas una serie de normas protectoras en materia ambiental que han conducido a que se le denomine “constitución ecológica”. Dentro de estas, se identifican como preceptos de importancia significativa en el desarrollo de estos ideales, la función ecológica de la propiedad y la participación de la ciudadanía en materia ambiental.
En el artículo se estudiarán algunos casos conocidos por la Corte Constitucional, con el objetivo de analizar la forma en que en la práctica estas disposiciones ambientales constitucionales han sido aplicadas, tomando o no forma y dando cumplimiento a esa promesa de una constitución ambiental. Dentro de las altas cortes, fue escogida la Corte Constitucional debido a que es la autoridad encargada de proteger y velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, del mismo modo que es la corporación con mayor incidencia social, dada la repercusión de sus debates. Mediante su análisis, se demostrará que existe una marcada tendencia de esta corte a proteger los derechos a la participación ambiental de las comunidades y la función ecológica de la propiedad.
