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Madrid, España
En los últimos años, la política marítima integrada (PMI) de la UE ha producido dos importantes Directivas: la Directiva marco sobre la estrategia marina de 2008 y la Directiva marco para la ordenación del espacio marítimo de 2014. La primera se incorporó al Derecho interno español por la Ley 41/2010, 29 de diciembre, y, en su virtud, se aprobaron en 2018 las estrategias marinas, con la finalidad de lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino. La segunda Directiva se incorporó por Real Decreto 363/2017, de 8 de: abril que prevé la aprobación de un plan de ordenación del espacio marítimo para cada una de las demarcaciones marítimas españolas. Este trabajo recuerda las diferencias existentes entra el texto propuesto por la Comisión Europea y la Directiva finalmente aprobada y examina algunos problemas jurídicos que plantea el Real Decreto de trasposición: a) su naturaleza jurídica; las exclusiones de su ámbito de aplicación, en particular las relativas a las aguas costeras; c) la concurrencia de instrumentos de ordenación sobre dichas aguas; y d) los problemas de articulación entre las estrategias marinas y los planes de ordenación del espacio marítimo que tienen el mismo ámbito de aplicación.
In recent years, the EU's Integrated Maritime Policy (IMP) has produced two important directives: the 2008 Marine Strategy Framework Directive and the 2014 Maritime Space Management Framework Directive. The first was incorporated into Spanish domestic law by Act 41/2010, of 29th December. According to this Act, marine strategies were approved in 2018, with the aim of achieving or maintaining a good environmental state of the marine environment. The second Directive, incorporated into domestic law by Royal Decree 363/2017, of 8th April, provides for the approval of a maritime space management plan for each of the Spanish maritime demarcations. This paper recalls the differences between the text proposed by the European Commission and the Directive finally adopted. Additionally focuses on some legal problems raised by the Royal Decree 363/2017: (a) its legal nature; (b) exclusions from its scope, in particular those relating to coastal waters; (c) the concurrence of planning instruments over these waters, and, specifically, marine strategies and maritime space management plans.
