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Uruguay
En este trabajo se aborda la crisis venezolana (2016-2020) desde la perspectiva del derecho internacional. Para ello, se estudian diversos hitos de particular impacto a nivel internacional, sus consecuencias y el derecho aplicable a cada uno. El ordenamiento democrático de Venezuela, la legalidad del desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó, las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y las múltiples instancias de presión externa, son las aristas más importantes del análisis, en donde gravita fundamentalmente este estudio. Se concluye, entre otras, que el gobierno actual de Venezuela no es un régimen democrático, que el reconocimiento de Juan Guaidó no es jurídicamente sostenible, que el Estado venezolano es responsable por las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por sus cuerpos de seguridad en contra de la población civil y que las medidas de coerción unilateral, fundamentalmente el embargo económico ejercido por Estados Unidos, contravienen normas internacionales incluidas en la Carta de las Naciones Unidas
This work deals with the Venezuelan crisis (2016-2020) from the perspective of international law. For this, various milestones of particular impact at the international level, their consequences, and the applicable law to each one are studied. The democratic order of Venezuela, the legality of the recognition withdraw of the government of Nicolás Maduro, the international recognition of the government of Juan Guaidó, the human rights violations by the Venezuelan security forces, and the multiple instances of external pressure are the most important topics of analysis, where this study fundamentally gravitates. It is concluded, among others, that the current government of Venezuela does not configure a democratic system, that the recognition of Juan Guaidó is not legally sustainable, that the Venezuelan State is responsible for the systematic human rights violations committed by its security forces against of the civilian population, and that unilateral coercion measures, fundamentally the economic embargo exercised by the United States, contravenes international rules included in the United Nations Charter.
