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Al socaire de las medidas regulativas urgentes adoptadas por diversas comunidades autónomas como respuesta a la paralización de la actividad económica provocada por la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19, se constata una evidente voluntad de otorgar a las declaraciones responsables una posición central y prevalente en el proceso del control de la ejecución del planeamiento en su fase final, esto es de edificación e implantación de usos y actividades, ampliando su objeto a todo tipo de actuaciones urbanísticas más allá de la implantación de actividades comerciales y de servicios y relegando a la licencia urbanística a una posición cuasi residual. Sin pretender cuestionar la agilidad que las declaraciones responsables aportan al proceso de ejecución del planeamiento y el consiguiente beneficio que ello proyecta en el desarrollo de la actividad económica de las ciudades, lo cierto es que la opción generalizada por las mismas no está exenta de dificultades.
