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Verónica Nidia Torres De Breard, Graciela María Gómez Vara de Ingaramo
Actualmente la prueba pericial es un medio probatorio en el que el juez encuentra, en muchas ocasiones, su mayor grado de convicción. En la presente publicación se analiza el margen de apreciación con que cuenta el magistrado a la hora de valorar conocimientos específicos sobre determinadas materias incorporadas por un experto al proceso. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina el legislador expresamente se pronuncia por la aplicación de las reglas de la sana crítica, que deben conducirlo, en los términos del artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina a tomar una decisión razonablemente fundada. En este orden de ideas, la libertad de los jueces para ponderar el dictamen pericial es meridiana, lo que no implica que los mismos puedan apartarse arbitrariamente de la opinión fundada de un perito idóneo.
Se realizó un análisis jurisprudencial que expone las distintas soluciones intentadas por los magistrados a la hora de sentenciar discrepando con lo dictaminado por los expertos en el proceso, ello a la luz de los llamados baremos, cuya utilización, circunstancial u obligatoria, según el marco normativo, busca disminuir el error y la discrecionalidad del evaluador en la valoración, cuantificación o calificación del daño corporal, e intenta reducir la discrecionalidad de los peritos, y posteriormente de los sentenciantes en miras a una suerte de convención sobre la valoración de las posibles incapacidades.
Nowadays the expert proof is a probation mean in which the judge, in many occasions, has its major degree of conviction. In the current publication we analyze the appreciation margin that the judge counts when valuing the specific knowledge in certain subjects incorporated by an expert to the process. In our Centralized Civil and Commercial Code in Argentina, the legislator pronounces about the application of sane critical rule, should be driven by the terms of article 3 Civil and Commercial code of Argentina to take a reasonable funded decision.
In these order of ideas, the judge liberty to compensate the expert´s decision is meridian, this does not imply that they could arbitrarily separate themselves from the funded opinion of the subject matter expert.
We performed a jurisprudence analysis that exposes the different solutions tried by the judges at the time to rule when disagreeing with what was dictated in the process by the expert, this in light to what is call “baremos”, whose use, circumstantial or mandatory, according to the regulatory framework, looks to reduce the error and discretion of Subject matter experts. The quest of this analysis helps to establish an agreement between judges over the value to provide for each case of incapacity.
