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Gratiela-Florentina Moraru
La emergencia sanitaria ha determinado la instalación de un nuevo paradigma laboral y ha convertido el imaginario social en un escenario marcado profundamente por el COVID-19. La necesidad de hibernar la actividad económica con el fin de poder frenar los contagios ha determinado la adopción de una importante panoplia normativa encaminada fundamentalmente a la evitación de la destrucción masiva de empleo y la previsión de la convergencia de mecanismos de sustitución de renta. Por supuesto que esta coyuntura social global invita a realizar un paralelismo con los efectos y gestión de la crisis económica y financiera poniendo de relieve la necesidad de la prevalencia de la conservación del derecho al trabajo frente a la flexibilidad y unilateralidad empresarial. La catarata de reales decretos que se ha ido aprobando desde el pasado 14 de marzo de 2020 ha tenido como principal propósito la conformación de un escudo social que dé respuesta a la crisis social que la extensión de contagios por COVID-19 ha provocado. Todas las medidas destinadas a la protección por desempleo con la correspondiente exoneración de aportaciones empresariales han pretendido el blindaje del conjunto de las relaciones laborales. El trabajo como elemento central de la sociedad en su conjunto ha reforzado su consideración y su importancia en relación con la posición de ciudadanía.
