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Roberto Narváez Collaguazo
Desde el año 2008, Ecuador introdujo en su Constitución los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, reconociendo así la diversidad cultural presente en el país. Es justamente esa diversidad un reflejo de las distintas prácticas culturales enmarcadas en las tradiciones, las cuales aún no logran una comprensión integral desde la institucionalidad pública, especialmente en el ámbito judicial. El artículo desarrolla un análisis jurídico y antropológico alrededor de un estudio de caso, en torno a actividades de cacería tradicional relacionadas con la ritualidad, clasificadas de manera general bajo un tipo penal, en el que se discute la limitación del principio de interculturalidad y el procesamiento judicial que se realiza a la población indígena. De esta manera, se plantea la necesidad de la implementación de los principios constitucionales de plurinacionalidad e interculturalidad, en un espacio de diálogo equitativo que permita corregir esas limitaciones existentes, pero, sobre todo, una justicia que reconozca la necesidad de una ponderación adecuada durante el ejercicio del derecho penal bajo el principio de última ratio.
Since 2008, Ecuador introduced in its Constitution the principles of plurinationality and interculturality, as a way to recognize the cultural diversity present in the country. It is precisely this cultural diversity that maintains certain cultural practices framed in the traditions and linked to different forms of life, that still do not achieve an understanding from the public institutions and generate conflicts in the judicial field. The article develops a juridical and anthropological analysis, around a case study, about traditional ritual hunting activities, typifying a penal type, where the limitation of the principle of interculturality and the judicial processing that is done to indigenous population is discussed. In this way, the article seeks to show need for the implementation of the constitutional principles of plurinationality and interculturality in a space for equitable dialogue, where these limitations in the approach to cultural diversity could be assumed, but, above all, recognizing the need for an efficient weighting during the exercise of criminal law under the principle of ultima ratio.
