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David Carrizo Aguado 
Los productos financieros de inversión poseen como finalidad que el poder adquisitivo de sus contratantes aumente, con la contrapartida de asumir posibles riesgos con el dinero invertido en aquellas operaciones negociadas con la empresa oferente. La inquietud jurídica a la que se enfrentan los clientes minoristas, esencialmente, por la imposición de cláusulas predispuestas a cargo de las compañías financieras, ha sido uno de los principales detonantes en la litigiosidad internacional. En este sentido, constituye eje vertebral el asunto C-208/18, Petruchová. Por consiguiente, con base a la STJUE de 3 de octubre de 2019, se ha construido este estudio en el que se ha observado, por un lado, la inviabilidad jurídica de sumisión a favor de los tribunales de la compañía inversora, y, de otro, la formidable calificación de consumidor a favor del inversionista, y, por ende, beneficiario del régimen procesal conformado por los foros de los contratos de consumo instaurados por el Reglamento (UE) 1215/2012. En torno a este último planteamiento, ni el volumen del dinero invertido, ni los riegos y pérdidas alcanzadas, ni tan siquiera la pericia del inversor, van a demoler los beneficios conferidos a los clientes inversionistas en las normas de Derecho internacional privado europeas.
The financial investment products have the purpose of increasing the purchasing power of their contractors, with the counterpart of assuming possible risks with the money invested in those operations negotiated with the offering company. The legal concern that retail clients face, essentially, due to the imposition of prearranged clauses by financial companies, has been one of the main triggers in international litigation. In this sense, case C-208/18, Petruchová, is the backbone. Therefore, based on the STJUE of October 3, 2019, this study has been constructed in which it has been observed, on the one hand, the legal infeasibility of submission in favor of the courts of the investment company, and, on the other, the formidable consumer qualification in favor of the investor, and, therefore, beneficiary of the procedural regime formed by the forums of consumer contracts established by Regulation (EU) 1215/2012. Regarding this last approach, neither the volume of money invested, nor the risks and losses achieved, nor even the expertise of the investor, will demolish the benefits conferred on investor clients in the rules of European private international law.
