La nueva situación sanitaria impuesta por el Covid-19 ha obligado a un ajuste en el modo en que las Administraciones Públicas funcionan y cumplen su cometido. La formación del personal funcionario, inherente a una concepción moderna y eficaz del servicio público, necesita también de una adaptación urgente en aras de mantener la actualización de estos profesionales. Recientes propuestas transnacionales de organismos europeos, como el Consejo de Europa (CoE), abren el abanico de la formación y permiten la divulgación tanto de la jurisprudencia como de las mejores prácticas vinculadas a cuestiones específicas. Se ofrece en este artículo una descripción de la experiencia formativa española, orientada a personal de Instituciones Penitenciarias, a la vez que se plantean las ventajas de este tipo de recursos para un mejor dominio de los avances en la normativa comunitaria.